Reversión de Escisiones inscritas: Comentarios a la Res. 4320 -2025 – SUNARP del Tribunal Registral de octubre de 2025 1.Introducción | 2. La autonomía privada frente a los actos registrales de orden sustantivo con efecto constitutivo | 3. El acuerdo societario de escisión como acto jurídico corporativo y la improcedencia del mutuo disenso | 4. Acuerdo de escisión, procedimiento ad hoc e inscripción: revocabilidad ex ante e irrevocabilidad ex post | 5. Irrevocabilidad de la escisión y los efectos constitutivos del registro | 6. Contradicción del Tribunal Registral entre soluciones para fusiones y escisiones inscritas | 7. El diseño de la escisión no es neutro: los deberes fiduciarios de los gestores | 8. Bloques patrimoniales en la escisión y error conceptual en la Resolución | 9. El leasing dentro del bloque escindido. Introducción El caso bajo comentario compromete a dos sociedades que participan en una escisión parcial, operación que es inscrita en el registro de sociedades, luego de lo cual las sociedades participantes de esta última solicitan se deje aquella sin efecto y se revierta la misma, ello apuntando a un supuesto error que atribuyen al registro, basado en un leasing financiero que conformaría el bloque patrimonial escindido, que no debió asumirse como parte de aquel. En corto sabemos y conocemos -ya lo hemos tratado a profundidad muchas veces antes- que la reversión de una escisión se puede afrontar desde dos vertientes: ex ante y ex post registro. Además, de la posibilidad de decidir la vigencia de la propia operación, y los efectos consecuentes también distintos de aquel acuerdo dentro y fuera del registro. Si bien el tratamiento particular de la “reversión” es de lege ferenda, pues no se aplica en el Perú, otro problema que debe afrontarse en otra entrada. El caso concreto, por supuesto, como no podía ser de otra manera, fue rechazado en primera y en segunda instancia registral, lo que es correcto; sin embargo, es importante anotar en dicho trajín los aciertos y errores incurridos, pues hay de ambos, a efectos de afinar y apoyar la labor de la administración de cara a este tipo de títulos -no es un caso aislado-. Los temas que allí se comprometen no son menores, pues el TR mezcla tres planos que no cabe confundir: El plano societario organizativo, que sostiene los acuerdos, el procedimiento subsecuente y derechos garantizados. El plano registral, que sostiene el control de legalidad -la razón de ser del registro- y los efectos de la inscripción. El plano obligacional, que sostiene los contratos celebrados y la patrimonialidad y exigibilidad unida a los bloques transferidos. La autonomía privada frente a los actos registrales de orden sustantivo con efecto constitutivo En efecto, y es que la resolución bajo comentario parte de una premisa estructuralmente incorrecta, la misma que contamina todo el razonamiento posterior, y es que el título trata de una decisión ya inscrita, no de un acto privado en materia de disposición de bienes por las partes recurrentes, menos aún que pueda ser dejado sin efecto por estas últimas, sea que lo hagan a través de acuerdos adoptados por juntas generales de socios o por cualquier otro órgano corporativo, pues asimismo se trata de un acto que se concibe con efectos sustantivos una vez admitido en el registro, como ya hemos explicado muchas veces antes, con efectos plenos constitutivos de derecho. La idea que escapa del análisis es qué la escisión constituye un acto jurídico corporativo especial -con reglas, principios, criterios y procedimientos particularmente dispuestos para tal efecto-, que parten de un acuerdo societario como negocio jurídico también especial -una especie de acto jurídico, de orden unilateral, como lo dijimos aquí: Validez de los Acuerdos Societarios- , y que para el caso de una operación de reorganización distinta a la transformación -siendo esta la única en que existe un solo participante- asimila la manifestación de voluntad de por lo menos dos sociedades, que coordinan su accionar en documentos paralelos. Se verifica que la resolución del Tribunal Registral (en adelante, TR) no trata de un error menor ni incidental por parte de la autoridad, sino que se repite y observa en otras resoluciones emitidas por el mismo órgano de la administración, incluso dentro de un muy limitado espacio temporal -v.gr. Res. 4982-2025-SUNARP-TR de noviembre de 2025, sobre fusiones y transferencias inmobiliarias posteriores a la inscripción, que comenté aquí: Fusiones y Transferencias Inmobiliarias Ex Post Así, el TR relativiza indebidamente los efectos constitutivos de la reorganización societaria, siendo que en otros los absolutiza selectivamente, sin entender el por qué, como tampoco apuntar efectivamente los fundamentos adecuados para ello. El acuerdo societario de Escisión como acto jurídico corporativo y la improcedencia del mutuo disenso. El TR, ignorando lo anterior, confunde las categorías de actos jurídicos -comprensible hasta cierto punto, puesto que no antes de nuestros aportes, ya señalados arriba, se ha afrontado el tema desde la vertiente civil en Perú- y categoriza al acuerdo societario como un acto jurídico común, olvidando, en contra, y sin entender lo regulado en los arts. 38, 139, 150, 365 y 390 de la LGS sobre este régimen especial; pretendiendo aplicar normativa sobre mutuo disenso -art. 1313, CC- absolutamente ajena a las declaraciones de voluntades unilaterales y negocios de reorganización. Aquí es notoria la confusión de conceptos. La resolución trata a la decisión inscrita como si fuese un acto privado disponible por las partes -error notorio-, susceptible de ser dejado sin efecto por la mera voluntad privada y de manera posterior a los acuerdos, garantías, procedimientos, controles y actos registrales que les dieron origen, cuando en realidad de lo que se trata es de un acto jurídico de orden corporativo, al cual le sigue un procedimiento obligatorio ad hoc, que se produce merced ley habilitante, y que luego del control de legalidad respectivo -doble y de la mas alta intensidad- tiene eficacia registral constitutiva, por razones más que obvias de seguridad jurídica y del tráfico. Como veníamos diciendo, este mismo vicio teórico se revela y advierte en la Res. 4982 – 2025 sobre fusión y […]

Imagen: Impression-Sunrise- (detail) 1873, C. Monet. Holdings y Sociedades de inversión 1.Introducción: función del holding y rol en la arquitectura de grupos societarios | 2. Concepto y precisión terminológica: tipos de holdings y sociedades patrimoniales | 3. Sociedades de control, grupos societarios y noción de grupo económico en el Perú | 4. Utilidad práctica del holding: organización, gobierno corporativo, sucesión y fiscalidad | 5. Naturaleza y límites del control: control jurídico vs. control de hecho en el holding | 6. Responsabilidad del holding como administrador de hecho | 7.  Abuso de dirección unitaria, cash pooling y riesgos de gobierno corporativo intragrupo | 8. Holdings y abuso de derecho: insolvent trading y responsabilidad comparada | 9. Holdings e imposición sobre la enajenación directa e indirecta de acciones o participaciones Introducción: función del holding y rol en la arquitectura de grupos societarios: En el derecho societario contemporáneo, el término sociedad holding —también denominada sociedad de inversión o de cartera— no designa un tipo social autónomo, sino una función u objeto: se trata de una sociedad formalmente constituida cuya actividad principal consiste en adquirir, mantener y gestionar títulos de propiedad en otras sociedades -acciones o participaciones-, normalmente con la finalidad de ejercer control o influencia sobre ellas -limitada por los deberes fiduciarios propios de los gestores de cada sociedad-. Por ello, muchas veces se habla también de sociedades de control (limitado), pero que también sirven para otros múltiples propósitos. Estas sociedades cumplen un papel central en la organización de grupos societarios, tanto en estructuras familiares como empresariales complejas, pues permiten separar la capa de propiedad y dirección estratégica (sociedad holding) de la capa operativa (sociedades filiales o subsidiarias), con efectos relevantes en términos de gobierno corporativo, responsabilidad y exposición y gestión del riesgo, planificación fiscal y sucesión empresarial. La mera constitución de una sociedad holding no implica automáticamente la existencia de un grupo societario; el grupo surge jurídicamente cuando dicha sociedad pasa efectivamente a ser titular o adquirir participaciones y/o acciones de control o a ejercer una dirección unitaria sobre una o más sociedades dependientes. se trataa de una sociedad cuya actividad principal consiste en adquirir, mantener y gestionar participaciones (acciones, cuotas u otros títulos) en otras sociedades, normalmente con una finalidad de control, dirección o, al menos, de gestión patrimonial organizada (que incide en la responsabilidad y determinación de costos operativos). Su constitución, como hemos dicho, no responde a una forma jurídica societaria paricular, y su actividad -objeto social- tampoco depende de una autorización administrativa, si no que se construyen en torno al objeto social propiamente dicho que consiste, tal como hemos señalado, es ser una sociedad tenedora de acciones y/o participaciones de otras sociedades, si  perjuicio a que en sus inicios históricos si necesitaba de una acreditación especial para operar como tal, pues fue necesario para paliar problemasvde riesgos de concentración empresaria  que se vislumbraron hacia finales del siglo xix. Ello sin perjuicio al desarrollo de otras actividades concretas y distintas. En dicho sentido, las sociedades holding no se encuentran prohibidas de realizar y ejecutar distintos negocios jurídicos o actividades económicas diferentes a la vez de la sola manutención de la propiedad sobre los títulos de otras sociedades. Concepto y precisión terminológica, tipos de holding y sociedades patrimoniales: A pesar de que no existe un concepto natural o necesario por parte de la legislación mercantil, la doctrina suele distinguir, dentro de las llamadas holdings: Sociedades de cartera puras (pure holding): Tienen como objeto casi exclusivo la tenencia de participaciones o acciones de otras sociedades y el ejercicio de los derechos políticos y económicos derivados de ellas. Ejemplo típico: una sociedad que solo posee el 100% de las acciones de diversas operativas de un grupo (industrial, servicios, inmobiliaria), sin realizar actividad operativa propia. Sociedades de cartera mixtas (mixed holding): Además de la tenencia de participaciones o acciones, desarrollan una actividad económica propia (prestación de servicios intragrupo, explotación comercial, etc.). Ejemplo: una sociedad que, además de ser tenedora, presta servicios de gestión, finanzas, TI o marketing a sus subsidiarias. En varios ordenamientos (como el español y continental en general) se habla también de sociedades “patrimoniales” o “de mera tenencia de bienes” cuando la finalidad es sobre todo de gestión de activos y optimización fiscal, sin verdadera dirección empresarial. Esto último no constituye un dato menor puesto que cada sociedad se encuentra organizada de manera individual por más de que los títulos pertenezcan a una sociedad holding, y ello determina que cada organización individual esté gestionada a su vez por un grupo de personas que responden ante la ley los socios y la propia sociedad por las decisiones que adoptan para la satisfacción de los intereses internos y la exposición ante los distintos stakeholders. En dicha tesitura antiguamente, cuando no se habían desarrollado con gran fineza como se hace hoy -en parte- los deberes fiduciarios de los gestores de cada sociedad, las sociedades holding podrían ser identificadas como aquellas que dirigían y controlaban los destinos de sus subsidiarias o filiales, es decir, de toda la sociedad respecto de las cuales eran tenedores de acciones y/o participaciones. Hoy en día aquello está bastante atenuado puesto que la ley obliga a cada sociedad a mantener, observar y gestionar de manera diferenciada bajo el riesgo de responder de manera unitaria y solidaria por los daños que produzcan frente a terceros o las deudas u obligaciones en general que adquirir. En este sentido, el holding se constituye como un fenómeno económico jurídico  que depende del control accionario o incluso decisorio como técnica de gestión mercantil, particularmente societaria. Sociedades de control y grupos societarios: El holding se vincula con el concepto de sociedad de control, es decir, aquella que posee una participación mayoritaria o decisiva en otra sociedad, o ejerce influencia dominante por contratos, acuerdos parasociales, vinculaciones personales o estructuras de financiación. En derecho comparado y en la práctica peruana (influida por España y la UE), se entiende que existe grupo societario cuando (i) Una sociedad está sometida, directa o indirectamente, a la dirección unitaria de otra (sociedad […]

Imagen: The Circus (detalle) – Maurice de Vlaminck A vueltas con la inscripción de Fusiones y la transferencia inmobiliaria ex post: notas sobre los errores jurídicos y económicos de la Resolución 4982-2025-SUNARP-TR del 05 de noviembre de 2025 Parto nuevamente en un análisis crítico, jurídico – económico, de una resolución que versa a la vez sobre reorganización de sociedades, en este caso una fusión por absorción, y la transferencia de bienes aunada a la misma, con los efectos comerciales y civiles que ello conlleva. La resolución parte de un supuesto peculiar: que luego de haberse producido una fusión, y como consecuencia lógico – jurídica de la misma, haberse inscrito a favor de la sociedad absorbente un predio que integraba el patrimonio de la sociedad asborbida -ya extinta-, se solicita posteriormente, en sede de apelación, que el Tribunal Registral (TR) valide una transferencia de propiedad otorgada por escritura pública por la propia sociedad extinta ya absorbida, 40 años antes de la fusión. En la práctica, ello implicaría que dicha transferencia no inscrita opere retroactivamente, desplazando los efectos ya producidos y consolidados de la propia fusión y de la inscripción del traspaso de dominio. El tribunal considera, a nuestro juicio erróneamente -tal como lo justificamos ampliamente líneas abajo- que cuando una sociedad absorbida y ya extinguida haya transferido un bien por escritura pública antes de su extinción, pero sin inscribir dicha transferencia, podrá admitirse tal inscripción, aun cuando en la partida del predio ya se haya inscrito la fusión de la sociedad y aparezca como propietaria la sociedad absorbente, siempre que «no se perjudique el derecho de terceros». Como decía, esto parece ser (es) un error monumental, o una decisión plagada de errores enormes -que, para mayores males, se ha repetido varias veces- y que merece más de un comentario, como a continuación explicó, y de lo que ya he tratado en extenso en otras entradas al blog: La fusión como acto registral constitutivo y consolidación erga omnes de la propiedad: Cuando una fusión -acto inscribible registral de naturaleza constitutiva y con efectos sustantivos- ha sido inscrita, y dicha inscripción conlleva la transmisión de bienes inmuebles, no sólo se ha cumplido con la publicidad frente a terceros: la propiedad se ha transferido y consolidado plenamente. Ello ocurre mediante 2 actos registrales coherentes y complementarios (i) la inscripción de la fusión en el registro de sociedades, y (ii) la correspondiente inscripción de la transferencia en el registro de propiedad. Como acto constitutivo de derechos, la fusión despliega todos sus efectos, tanto en el ámbito privado como en el público. En dicho sentido la resolución omite en ese aspecto crucial respecto al alcance de la operación de fusión y su inscripción, pues de ninguna manera se puede reducir aquello a la mera publicidad, sino que se debe prever y poner en evidencia la consolidación jurídica de la nueva situación, ya no en la sociedad simple y únicamente sino del patrimonio aunado a la misma, que le es inesindible. Esto determina que el derecho de propiedad de la sociedad absorbente queda firme y es oponible erga omnes. La falta de consideración de este aspecto esencial desnaturaliza la función del registro público, cuál es la de brindar certeza y estabilidad al tráfico jurídico y mercantil. Al inscribir una fusión por absorción los efectos en las sociedades intervinientes son muy claros: se extingue la sociedad absorbida, se transmite a título universal todo su patrimonio el absorbente, esta última devienen propietaria registral del patrimonio recibido, y ello queda firme y estable en el registro frente a terceros. No obstante, la resolución comentada trata la inscripción de la fusión como si fuese un mero anuncio o publicidad, sin considerar que se trata un acto jurídico registral de carácter constitutivo, con efectos sustantivos y que consolidan una situación societaria y patrimonial, fijando titulares registrales. La consolidación registral de la propiedad opera con 02 inscripciones autónomas pero coherentes y que se complementan, cuales son, la primera en el registro de sociedades, y la segunda en el registro de la propiedad inmueble, porque como hemos dicho, consolida la titularidad en la sociedad absorbente. El tribunal registral ignora esos actos concatenados, lógico – jurídicos que producen un cierre perfecto de titularidad con absoluta protección civil registral. Asumido esto, no puede quebrarse esta poderosa idea con un instrumento antiguo no inscrito por más formalizado (fuera del registro) que este sea, y que como explicamos más adelante, es fruto aparentemente de una negligencia de gravedad (una omisión). Sostener lo contrario implicaría una quiebra de la estabilidad jurídico registral, destruiría el tracto, introduciría incertidumbre en los actos constitutivos, y afectaría la fe pública registral, por lo menos. La resolución falla completamente en resolver respecto a los efectos erga omnes de la inscripción, suprimiéndolos indebidamente del análisis, tal como hace respecto de todos los temas antes tratados y que posteriormente también aquí – líneas abajo- hago notar. Esta situación ignora de manera particular que cualquier tipo de crédito, garantía, pacto y posición estratégica se adopta confiando en la titularidad registral; que el absorbente pudo haber otorgado garantías subsumiendo obligaciones en función del activo recibido; y que la titularidad inscrita define la base sobre la cual los terceros calculan sus riesgos. Nada de aquello aborda la resolución. La resolución y sus antecedentes ignoran la función institucional de registro como ente protector del tráfico y controlador de la legalidad; desvertebra la seguridad jurídica; elimina la previsibilidad desde el punto de vista patrimonial; y creo que, algo que podría ser considerado más grave, pero a lo cual ya nos tienen acostumbrados ciertas resoluciones del ente administrativo, es que socava el fundamento económico del tráfico mercantil organizado. A estas alturas esto ya no constituye un error simple o accesorio, sino un error teórico jurídico y económico. Impacto de la fusión en la administración pública y en los stakeholders del tráfico mercantil: El despliegue de los efectos afecta tanto a la administración pública -impuestos declaraciones, etc.- como a los entes privados, particularmente a los terceros interesados, los stakeholders, que se guían […]

Imagen: Marc Chagall, La Escalera de Jacob, 1973 (detalle).  responsabilidad civil contractual y extracontractual en el Perú: 40 conceptos clave para entender -y cuestionar- la distinción a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema Sumilla: El sistema peruano de responsabilidad civil mantiene una diferenciación formal entre responsabilidad civil contractual y extracontractual, heredada de estructuras codificadas del siglo XX y sostenida por diferencias normativas en prescripción, tipos de daños, causalidad, factores de atribución y reglas probatorias. Sin embargo, en la práctica judicial, arbitral y administrativa, la distinción produce tensiones dogmáticas, asimetrías normativas, resultados contradictorios y espacios de discrecionalidad difíciles de justificar a la luz del principio de resarcimiento integral, la coherencia del sistema obligacional y la función unitaria del derecho de daños. Los conceptos desarrollados en este trabajo sistematizan puntos críticos —normativos, funcionales, interpretativos y jurisprudenciales— necesarios para comprender la estructura actual y, al mismo tiempo, para evaluar si la separación entre ambos regímenes continúa siendo útil, operativa y justificable en un Estado de Derecho orientado a la tutela efectiva contra el daño injusto. Sostengo que el sistema peruano debe avanzar hacia un modelo más armonizado y coherente de responsabilidad civil, en el que la distinción entre contractual y extracontractual deje de operar como una regla estructural y pase a ser únicamente criterio funcional de análisis sin efectos sistémicos diferenciadores. CONTENIDO: 1.Cuestiones preliminares | 2. El plazo de prescripción es distinto | 3. Inicio del plazo de prescripción | 4. Los tipos o categorías de daños son típicos y no coinciden | 5. Se distingue entre daño moral y daño a la persona | 6. Temporalidad y alcance de los daños | 7. Características del daño: certeza | 8. Prueba y cuantificación del daño | 9. La valoración ha de hacerse por tipo de daño y sus subpartidas como unidad | 10. La valorización se hace individualmente por tipo de daño, no de manera global | 11. Se reconoce la regla in re ipsa | 12. Se reconocen los daños indirectos, por rebote, mediato, reflejos o por repercusión | 13. Doble teoría causal | 14. Eximentes de responsabilidad civil y la fragmentación de la concausa | 15. La concausa | 16. Incertidumbre causal y Principio de Equidad | 17. Elementos de la responsabilidad civil | 18. Se exige la presencia de todos estos elementos, siendo copulativos | 19. Hay un solo juicio de responsabilidad civil y elementos comunes, sin importar el fuero donde se discuta | 20. Factores de atribución | 21. Presunciones legales | 22. Graduación culpable de la culpa o de la falta de diligencia | 23. Graduación culpable distinta y paralela especial en el CC | 24. Exclusiones o exoneraciones convencionales de responsabilidad civil permitidas | 25. Preconcepción obligacional y extensión del resarcimiento | 26. Daños permitidos no sujetos a responsabilidad ni resarcimiento | 27. Pacto de exención de culpa leve | 28. Interés moratorio por obligaciones de resarcimiento | 29. Magnitud del resarcimiento y la previsibilidad | 30. El análisis de responsabilidad civil se hace en concreto, no en abstracto | 31. No se regula un estándar o modelo de conducta | 32. Estándar o modelo de conducta en la regulación especial | 33. No existe en el CC la distinción entre obligaciones de medios y de resultados | 34. Distinción de obligaciones de medios y resultados en regulación especial | 35. Existen regímenes especiales de graduación de culpa | 36. La culpa in contrahendo | 37. Responsabilidad solidaria | 38. No existe un reconocimiento constitucional de la RC como principio o derecho | 39. Las funciones de la responsabilidad civil | 40. Responsabilidad del subordinado | 41. Distinción entre indemnización, reparación y resarcimiento y compensación | 42. Daños y perjuicios | 43. Fórmulas de cumplimiento de la obligación de resarcimiento | 44. Recomendación Cuestiones preliminares para tomar en cuenta respecto al sistema jurídico peruano: Existe un Código Civil (CC, 1984), que contiene y funciona como fuente general de obligaciones civiles y mercantiles[1], de las que deriva el régimen de responsabilidad civil por obligaciones específicas pre constituidas (actos jurídicos y contratos), a lo que se llama responsabilidad civil contractual o, de manera más precisa obligacional (RCO), y el de aquellas que surgen por Incumplimiento de un deber jurídico genérico, sin obligación específica previa, la denominada responsabilidad civil extracontractual (RCE), que se complementa para algunos sectores por normas especiales como lo son el Código de Protección al Consumidor (CPDC, 2010), la Ley General de Sociedades (LGS, 1998), la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG, 2001), la Ley General de arbitraje (LGA, 1995), y en un plano superior, los principios constitucionales (Constitución Política del Perú – CPP, 1993), entre otros. Estas últimas normas son esenciales para comprender ya no sólo las bases de la responsabilidad civil, sino la idea y lógica que subyace a los distintos regímenes existentes. La ley es la fuente esencial de derecho (art. 102 -ordinaria- y at. 104 -decreto legislativo-, CPP), mientras los jueces cumplen un rol importante para interpretar, integrar y aplicar la misma, pero no pueden crear normas ni obligaciones como tampoco instituciones jurídicas, sino que fundamentan sus resoluciones sobre aquellas, y controlan la legalidad. La jurisprudencia no es fuente autónoma de derecho (art. III, VII, TP. CC), salvo en lo que a principios jurisprudenciales que como precedentes de observancia obligatoria emite y refiere, que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales (art.22, Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ). Los jueces deben de motivar las resoluciones judiciales (art. VII y VIII, TP, CC, art. 50, CPC, art. 139, num. 5 CPP; arts. 6 y 12, LOPJ) conforme a ley, y respetar el principio de doble instancia (CPP, 139, numeral 6, 1993; CPC, art. X, TP; art. 11, LOPJ), como garantía del debido proceso. Sobre esta base normativa y dogmática, puede examinarse de manera más objetiva y crítica la distinción entre la responsabilidad civil obligacional, o llamada contractual, fundada en la inejecución o ejecución defectuosa de un vínculo obligatorio preexistente, y la responsabilidad civil extracontractual, que surge sin […]

Imagen: Volodymyr Tsyupko (Ukraine) | Block (2014), detalle. La responsabilidad Civil, el Caso Fortuito, la Fuerza mayor y una obligación técnica según la CASACIÓN Nº 13240-2023 LA LIBERTAD, del 08 de mayo de 2025. Sumario: 1. El caso | 2. La casación | 2.1. Las fracturas causales o las causas de exoneración de la responsabilidad civil | 2.2. La calidad o condiciones de las fracturas causales | 2.3. La fuerza mayor civil se lee de manera integral en sectores económicos especialmente regulados | 3. Criterios de responsabilidad y la regulación sectorial, estándar de cumplimiento diferenciado | 3.1. Una prueba de integración de criterios en el sector electricidad | 4. Estándar probatorio de la diligencia exigible | 5. Conclusiones. El caso OSINERGMIN rechazó la calificación como fuerza mayor de una interrupción del servicio eléctrico, ocurrida el 13 de diciembre de 2015. La empresa prestadora del servicio alegó que el evento —ocasionado por el contacto de un ave con una línea de media tensión—, era imprevisible e irresistible, pues se trataba de una causa ajena a su ámbito de control directo. Alegó que dicho evento fue ocasionado por el contacto de un ave con la línea de media tensión, en el sistema eléctrico de distribución, hecho que consideró extraordinario, imprevisible e irresistible, ajeno a su voluntad, y fuera de su control técnico-operativo. La parte demandante afirmó que había cumplido con todas las medidas preventivas y obligaciones de mantenimiento, conforme a la normativa sectorial, y que, pese a ello, el evento se produjo como un hecho fortuito que debía ser reconocido bajo el marco del artículo 1315 del Código Civil y la Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2004-OS/CD, así como sus resoluciones modificatorias. La casación “F. Tercero: Análisis de la única causal invocada 3.1 El artículo 1315 del Código Civil aborda el supuesto del caso fortuito y fuerza mayor, estableciendo que son causas no imputables, que impiden o dificultan el cumplimiento de una obligación. Estos eventos deben ser extraordinarios, imprevisibles e irresistibles para ser considerados como tales.” 2.1. Las fracturas causales o las causas de exoneración de la responsabilidad civil.[1] Recordemos que para la Responsabilidad Civil Obligacional (o contractual) – RCO, existen cuatro tipos de fracturas causales o eximentes de responsabilidad: El Caso Fortuito (en tradición del common law, Act of God): art. 1315, CC.[2] La Fuerza mayor (en tradición del common law, Act of Prince): art. 1315, CC. El Hecho de la víctima (propio), dice “Imprudencia”: Art. 1326, 1327, CC; y El Hecho “determinante” de Tercero (ajeno): relativa, Art. 1317, CC. Es de anotar que el art. 1327, CC, refiere a «daños evitables»  por el acreedor en uso de la «diligencia ordinaria» – conforme al art.1314, CC-, donde la discusión teórica se desplaza entre (i) una «obligación de garantía» -discutible por su naturaleza y por quien tendría que asumir  el riesgo, en tal caso, el deudor-, (ii) la fractura causal -discutible porque en principio tendría que liberar completamente al deudor-, y (iii) la función de mitigación del resarcimiento en tal escenario o la concausa. En clave de Responsabilidad Civil Extracontractual – RCE, las asumimos en el art. 1972, CC, que subsume correctamente todos los supuestos de fractura causal, de manera más ordenada que en el libro de obligaciones, donde pertenecen los artículos previamente citados. La norma -art. 1315, CC- no hace distinción entre a) y b) y la doctrina más autorizada entiende lo mismo -el CC dice “caso fortuito o fuerza mayor- donde las equipara. Entonces, Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Las fracturas causales pueden leerse de tal modo que generen un rompimiento de manera determinantes o absoluto, según releven completamente de responsabilidad civil al presunto imputado (de la mal llamada “causa inicial”, y por tanto la fractura se constituya como “causa ajena”), de ahí el curioso nombre. De otra parte, estos mismo escenarios -caasdo fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o de la propia víctima- pueden constituirse como concausas, de tal manera que concurran con otra(s) causa(s), también adecuada(s), que se relativizan para contribuir en el daño, donde poco o nada de eso se ahonda. Dado que en el primer caso se trataría de una “causa no imputable”, su lectura verificaría allí una exención o eximente absoluta de responsabilidad civil, de ahí lo determinante. Lo mismo con relación al hecho de denominar a las situaciones antes descritas como “fracturas causales”, que promoverían la idea de una suerte de rompimiento relacional en clave causal. Se verifican dos eventos o condiciones en conflicto en relación con el daño, pero uno solo causo el daño (no importa el factor subjetivo del liberado), y una se convierte y eleva al mérito de causa jurídica adecuada (la que fractura), por lo que esta sería excluyente. En el segundo caso, cuando coinciden o contribuyen en pluralidad como causas al daño, entonces habría concausa, y por ende esta sería atenuante o relativa. Si bien esto es discutible, no se puede descartar de manera absoluta que un caso fortuito o fuerza mayor no se vea acompañada como causa jurídica determinante y, por tanto, adecuada, y, por tanto, de otra causal, y nos veamos en un escenario de concausa. El problema de discernimiento al respecto nace por la equívoca y omisiva redacción del CC, que en materia de responsabilidad obligacional solo establece en su caso al hecho de la propia víctima como concausa (art. 1326, CC), obviando expresamente incluso al hecho de tercero; y en materia de responsabilidad extracontractual únicamente asume como concausa expresa a la imprudencia de quien padece el daño (art. 1973, CC). Sin perjuicio a ello es importante destacar que en lo que atañe a la Responsabilidad Civil Obligacional, el hecho de tercero puede deducirse de la excusión genérica a la “causa no imputable” o “no imputabilidad” efectuada y basada en distintos artículos, como el 1314, 1316, y 1317, CC, que responde al concepto genérico de incumplimiento excusable o no atribuible al deudor. La genialidad de la señalización de la jurisprudencia implica transmitir información relevante para alinear criterios, en este caso, jurídicos, que hubiese […]

Imagen: detalle de cubierta (Gold- Spandau Ballet) Problemática de la Contradicción a la Eficiencia en la Limitación de Actos inscribibles en el Registro Público de Sociedades (mercantiles) y otras personas jurídicas en el Perú. Introducción | 2. Principio de numerus clausus y tipicidad registral | (i) Permite un control ágil, célere y predecible de la inscripción | (ii) La limitación de actos inscribibles uniformiza los criterios de calificación registral | (iii) Limita el tamaño de las partidas electrónicas registrales, las simplifica y las desburocratiza | (iv) Desocupa el tráfico de la partida | (v) Limita la responsabilidad de los gestores por las inscripciones | (vi) Limita el derecho a solicitar y demandar las inscripciones | (vii) Genera predictibilidad de la publicidad para los usuarios | (viii) Se inscriben los actos que se consideran relevantes y los que tienen vocación de oponibilidad | (ix) Se inscriben actos modificatorios de la estructura que son consecuencia de la propia inscripción y adquisición de la personalidad jurídica | (x) Se inscribe para mantener la realidad registral y extra registral alineadas y coherentes. Introducción El título de estos comentarios parece equívoco, y lo es por varias razones (entre otros, aludo a las sociedades mercantiles para distinguirlas de otras sociedades que no lo son), pero me referiré únicamente a lo que denomino aquí, entre paréntesis, como sociedades mercantiles. En la práctica, en el Perú se cuenta con una Ley General de Sociedades (LGS, 1998) y esta no hace distinción entre las entidades que regula, por lo que, aparentemente, no vale aquella discusión de la distinción entre civiles y mercantiles, y que, inexplicablemente, de hecho hace la Décima Disposición Transitoria de la ley referida, pero, aunque su título parezca que engloba a todas aquellas que de acuerdo con su tipicidad puedan responder a la forma societaria (esto no es un trabalenguas), lo cierto es que como hemos puesto de manifiesto varias veces antes, (i) existen numerosas otras normas que crean y regulan tipos societarios que no se encuentran comprendidos en la LGS , e incluso son más, v.gr. SACs[1], sociedades contractuales, sociedades legales,[2] sociedades de beneficencia[3], sociedades creadas por Ley[4], entre otras, y por ende, no todas gozan de las mismas características ni persiguen fines mercantiles (incluso podrían renunciar a los mismos), y (ii) la LGS no indica que las sociedades que regula sean de manera forzosa mercantiles o que su estructura las determine así (a mi juicio, y como he explicado también en extenso antes, una omisión no menor), de ahí mi puntualización. Respecto a la vida de las sociedades (y de otras organizaciones corporativas), una cuestión esencial resulta de los acuerdos que versen sobre actos inscribibles en el Registro Público, o los que pueden acceder al mismo. Las sociedades no pueden inscribir allí todo lo que se les ocurra (a pesar de la imprecisión del texto legal -art. 16, LGS- y la teórica[5]), sino que hay un universo limitado de actos que pueden ser presentados, calificados e inscritos, y ello tiene una razón (o más)[6]. De todos es conocido los textos de los artículos 3° del Reglamento de Registro de Sociedades (RRS, 2001) y 2° del reglamento inscripciones del registro de personas jurídicas (RIRPJ, 2013), que determinan de forma taxativa los actos registrables en distintos libros del Registro Público de Personas Jurídicas. Aun con su obviedad, este es un tema eminentemente registral, que responde y empata con la ley sustantiva que en primera instancia dispone la inscripción para “determinados” (esto hay que suponerlo o deducirlo) actos corporativos (más allá de la explicación del porqué algunos actos resultan inscribibles y otros no, y su explicación lógica, sobre lo que me referiré posteriormente). Sobre esto, hay que entender muy bien lo que las líneas siguientes explican. Los actos registrables son limitados, forman parte de un universo finito, por eso es por lo que se dice que constituyen un numerus clausus, y por tanto responden entonces como actos típicos, y solo se podrán inscribir aquellas actuaciones que expresamente se encuentren previstas como tales por la regla de derecho aplicable. Sobre el particular ha dicho el TR: “ello se explica porque en nuestro ordenamiento jurídico se ha establecido el sistema de numerus clausus con relación a las materias registrales”[7]; “Para establecer los actos objeto de inscripción, el registro de sociedades adopta el sistema de numerus clausus en virtud del cual el legislador prescribe de antemano la lista de actos inscribibles seleccionados sobre la base de la naturaleza y la función que cumple jurídicamente el registro en la sociedad.”[8], “Respecto a los actos inscribibles, la doctrina se muestra partidaria del denominado principio de tipicidad del contenido del Registro, vale decir, sólo los actos o hechos cuya registración esté así dispuesta en una norma habilitante podrán acceder al Registro”[9] y “El denominador común de todos ellos es la vocación de oponibilidad frente a terceros ajenos a las partes contratantes o titulares de la situación jurídica. Se entiende que los actos que quedan fuera de la lista no son inscribibles.”[10] Compartimos el supuesto lógico central al que se refieren estas citas, y como lo hemos dicho, los actos inscribibles constituyen un universo cerrado, finito. Pero, por supuesto, las citas no son por entero y absolutamente precisas, como lo veremos a continuación. La limitación de actos inscribibles resulta eficiente, entre otros, por las siguientes razones: (i) Permite un control ágil, célere y predecible de la inscripción: La limitación de los actos inscribibles permite que el procedimiento de calificación registral ex ante de la inscripción se realice de manera ágil, célere y predecible. Esto se debe a que, al restringir el ámbito de los actos que pueden inscribirse, los registradores pueden enfocarse en verificar el cumplimiento de los requisitos legales específicos para esos actos (y no otros), lo que reduce significativamente el tiempo y los recursos necesarios para el análisis y registro a un grupo determinado. Los registradores públicos, al conocer de antemano cuáles son los contenidos de los títulos que ingresan a calificación, pueden identificar con claridad los contornos de cada institución […]

Imagen: H. Matisse 1906-07 (Portrait de Marguerite), óleo sobre lienzo (detalle) Breve Revisión al Origen histórico de los registros societarios Corporaciones y comercio antes del registro y la concesión estatal: La historia corporativa no comienza con el rey otorgando un privilegio ni con un funcionario estampando un asiento en un libro público. Durante siglos —y en distintas latitudes— las comunidades mercantiles y productivas se constituyeron y gobernaron a sí mismas sin pedir autorización previa y sin depender de un registro central. Su legitimidad provenía de la costumbre, de pactos internos y de la aceptación social de quienes interactuaban con ellas. En el mundo grecorromano, por ejemplo, florecieron las collegia y corpora: agrupaciones de artesanos, comerciantes, barqueros o cargadores que dictaban sus propias normas, elegían a sus magistrados y gestionaban bienes comunes. Aunque algunas recibían reconocimiento formal del Estado, muchas operaban sin él, sostenidas por un tejido de acuerdos privados y por el valor de la palabra empeñada. En Bizancio y en las ciudades-estado italianas, siglos más tarde, esta tradición continuó en las arti y scuole, organizaciones que regulaban oficios y comercio por simple acuerdo entre sus miembros y bajo ordenanzas autoadoptadas. En las ciudades medievales del norte de Europa, la dinámica era semejante. Los mercados y ferias anuales —auténticos nodos de la economía regional— funcionaban gracias a alianzas temporales de mercaderes que fijaban reglas para el intercambio, la resolución de disputas y la protección mutua frente a riesgos de viaje o piratería. Nadie “inscribía” estas alianzas: bastaba el reconocimiento por los pares y la confianza derivada de participar en la misma ruta o feria. Esta forma de operar, ajena a un control soberano sistemático, se sostenía sobre tres pilares: Autonomía interna para dictar y aplicar reglas. Reconocimiento social basado en la reputación y en la pertenencia al grupo. Ejecución comunitaria de acuerdos y sanciones, sin aparato estatal. El Estado, cuando intervenía, lo hacía esporádicamente: para garantizar la paz de los caminos, arbitrar disputas graves o recaudar tributos. No había aún una noción de “registro público” como condición de existencia jurídica; la corporación vivía mientras sus miembros y sus contrapartes comerciales la reconocieran. Será recién con el fortalecimiento de las monarquías y la centralización política, entre los siglos XV y XVI, que este mundo de corporaciones libres empezará a ser sustituido por el modelo concesional, donde la existencia y la actividad mercantil quedarán supeditadas a la autorización expresa de la autoridad soberana. Origen histórico de los registros societarios. En la historia de las sociedades —y aquí incluyo también a aquellas que todavía no encajaban en lo que hoy llamaríamos “sociedades” en sentido jurídico estricto, sino a todas las corporaciones en general — conviene resistir la tentación de creer que todo empezó con la sociedad anónima y sus rituales de capital, juntas de accionistas y libros de actas. Mucho antes de que la ley codificara su existencia, el comercio, la producción e incluso la beneficencia se desenvolvían en formas de organización colectiva sorprendentemente sólidas. Eran comunidades con reglas estrictas, identidad corporativa y una clara conciencia de pertenencia, aunque su marco legal no respondiera aún a la idea moderna de persona jurídica o incluso de empresa. 2.1. Corporaciones y asociaciones previas al modelo societario Durante la Edad Media y buena parte de la modernidad temprana —digamos entre los siglos XII y XVI— el paisaje institucional europeo estaba poblado por gremios artesanales, cofradías mercantiles y hermandades pías. Los gremios eran instituciones cerradas que regulaban hasta el más mínimo detalle del oficio: la calidad de la mercancía, el precio de venta, los años de aprendizaje y la progresión hasta el rango de maestro. No eran simples asociaciones: constituían auténticos microgobiernos económicos. Las cofradías mercantiles, más enfocadas en la actividad comercial que en la productiva, imponían filtros de ingreso para garantizar que quien comerciara en una plaza tuviera la solvencia moral y económica que el grupo consideraba aceptable (de plano, que “perteneciera” al grupo). Las hermandades pías, nacidas muchas veces de la devoción religiosa, ofrecían algo que hoy llamaríamos mutualidad o asistencia social: apoyo a viudas y huérfanos, hospitalidad a viajeros, cuidado de enfermos. En paralelo existían las universidades medievales —no solo en el sentido académico que hoy evocamos, sino como universitas personarum: corporaciones de maestros y estudiantes con estatutos aprobados por reyes, papas o concejos municipales—. Todas estas entidades compartían un elemento común: su existencia se fundaba en un acto de reconocimiento por parte de la autoridad política o religiosa (una carta, un privilegio, una bula) y no en un registro público uniforme. Eran instituciones cerradas, de acceso restringido, con una estructura de autogobierno que, para muchos de sus miembros, equivalía a vivir en un pequeño Estado dentro del Estado. 2.2. Actividad mercantil sin registro centralizado En ese mismo contexto proliferaban las compañías de hecho: asociaciones temporales de mercaderes creadas para una operación puntual —frecuentemente una expedición marítima— que se disolvían una vez cumplido el objetivo. Su régimen jurídico era el del derecho consuetudinario marítimo, heredero de textos venerables como la Lex Rhodia o el Consulado del Mar. Pero el verdadero corazón institucional del comercio urbano estaba en los Consulados de Comercio, nacidos en el Mediterráneo desde el siglo XIII y extendidos a otras regiones portuarias con las adaptaciones propias de cada lugar. Eran corporaciones privilegiadas, no órganos estatales en el sentido moderno. Entre sus funciones estaba la regulación de la matrícula de comerciantes y naves, y esa matrícula no era un simple formalismo: actuaba como un filtro riguroso que determinaba quién podía y quién no podía operar en el comercio local o de ultramar. La información, lejos de ser pública, se conservaba con celo en los libros internos del consulado, sin la proyección erga omnes que hoy damos por inherente a un registro mercantil. 2.3. El quiebre del siglo XVI La gran inflexión se produce en el siglo XVI, cuando la expansión colonial y el comercio de ultramar convierten el privilegio mercantil en asunto de Estado. La Corona —y, en otros países, el soberano o el parlamento— comienza a conceder a determinadas compañías […]

Imagen: H. Matisse, Portrait Greta Prozor, detalle, 1916. “Best Practices for Onboarding Directors, las mejores prácticas para la inducción de directores societarios” Introducción. 2. Orientación del director. 3. Documentación de gobierno corporativo. 4. Acceso al portal del directorio. 5. Compensación. 6. Logística y preferencias para reuniones. 7. Retroalimentación y mejora. 8. Gestiones regulatorias básicas A continuación, una nota relevante del post del día de hoy (06.08.25) del Harvard Law School Forum for Corporate Governance[1], que aborda las mejores prácticas para la orientación e incorporación de nuevos directores a una empresa. Si bien la nota esta escrita en tono del common law y corporations, basada principalmente en la DGCL[2], hago las precisiones necesarias debajo de cada párrafo para mejor entender el caso en territorio nacional. Cuando haga alusión a la Ley General de Sociedades peruana utilizaré las siglas LGS. Introducción: Según los autores, un proceso de inducción bien estructurado y cuidadosamente diseñado facilita una transición fluida del director al directorio, posicionándolo para que pueda contribuir de manera significativa desde el inicio. Si bien la identificación, selección y elección de nuevos directores suele ser responsabilidad del directorio —posiblemente con la guía de una firma de búsqueda—, la logística del proceso de inducción a menudo recae en el departamento legal o en el secretario corporativo (corporate secretary). Recordemos que en el Perú el Directorio es un órgano esencial en las sociedades anónimas ordinarias y en las abiertas (art. 249 y ss., LGS,), y que su elección compete a la junta general de accionistas (art. 114, LGS), y que solo cuando se producen vacancias parciales es el propio directorio quien puede elegir a sus reemplazantes, salvo disposición distinta del estatuto, conforme a lo que denominamos técnicamente el principio de cooptación (art. 157, LGS). De igual manera, la figura del secretario corporativo como una especie de oficial de cumplimiento en materias societarias, fiduciarias o de información, no es perfectamente comparable -no existe su símil en la LGS-, pero es posible crearla en el estatuto. La LGS le impone una función correspondiente al gerente general (art. 188, num. 6), pero debe considerarse que este último cumple esta en lo que atañe a la redacción de actas de las juntas de accionistas y sesiones de directorio, lo mismo en cuanto a su conservación, pero la verdadera noción y función de un secretario corporativo va mucho más allá, implicando entre otros, funciones técnicas como de (i) coordinación y enlace entre órganos societarios, como el directorio y los comités que se hayan creado, ya sea en cuanto a información sustantiva o formal, como fechas y agendas y orientación sobre reglamentación interna -reglamento de directorio y junta, normativa de buen gobierno corporativo-; (ii) asesoría sobre temas a tratar, particularmente de la regulación pública o normativa que debe respetarse -supervisores como superintendencias, fiscalidad-; (iii) constituirse en un guía de funciones y obligaciones de distinto orden -deberes fiduciarios y otros;  (iv) supervisión de formalidades actuales y registrales de distinta índole, en lo que a las actas que contienen los acuerdos, su adhesión a los libros y la obligación de inscripción o notificación se refiere; (v) relación y comunicación con los accionistas y autoridades; entre otros; (vi) trámites documentales, que dicen sobre legalización (de acuerdo al art. 152-A, LGS, los directores deben legalizar su firma al aceptar el cargo), y conforme a el D.S. 006-2013-JUS, el gerente general ha de certificar ciertos acuerdos con su firma legalizada; además se deben redactar y guardar los documentos que se deriven; apoyar a la inducción de nuevos directores, entre otros.       Muchas veces se delega la función al gerente legal (sin necesidad de hacer constar ello en el estatuto), dada su preparación para gestionar estos aspectos. Esto último también puede hacerse patente en un reglamentp interno. Las necesidades de inducción para los nuevos directores variarán según diversos factores, incluyendo su formación, experiencia y el rol que se espera que cumplan en el directorio y en sus comités. A continuación, se presentan algunas consideraciones clave para quienes tienen la responsabilidad de llevar a cabo este proceso de inducción. No está de más tener presente que no se trata de un momento único o de un solo equipo, por la posibilidad de que un director se retire o renuncie y que se incorpore uno o más directores nuevos, alternos, o suplentes (art. 156, LGS). Orientación del Director. Un programa de orientación eficaz introduce a los nuevos directores tanto en el negocio como en la estructura de gobierno corporativo de la compañía. El programa puede incluir brindar al nuevo director la oportunidad de reunirse con el equipo de liderazgo ejecutivo y con el auditor independiente de la empresa, a fin de conocer más sobre la compañía y su plan estratégico, así como establecer una relación de trabajo con los principales grupos de interés (key stakeholders). Las visitas a instalaciones, si resultan pertinentes para la empresa, pueden ayudar al director a comprender el aspecto operativo del negocio. Los directores también pueden beneficiarse de conversaciones individuales con el presidente del directorio o el director independiente principal, y con los presidentes de cada comité. La orientación también debe incluir una presentación a cargo de abogados internos o externos sobre los deberes fiduciarios, así como sobre los roles y responsabilidades de los directores. La consideración es absolutamente pertinente, de hecho, explica por qué muchos abogados que ejercemos el derecho corporativo, mejor conocido como mercantil o comercial, nos incorporamos como asesores de directorio, secretarios de este, o parte de aquel. Y es que el conocimiento del negocio es imprescindible para poder ejercer correctamente las funciones de director. Desconocer el negocio por parte de un director implicaría que éste únicamente ha sido integrado al mismo para alguna función específica y concreta, que si bien es cierto puede resultar eficaz, resulta por definición, parcial (aunque, reiteramos, en algunos casos, muy valiosa). Lo mismo apunta al conocimiento del plan estratégico y el de los grupos de interés. Saber dónde ocurren los hechos fundamentales de una sociedad, creo yo, es imperativo, y no por nada aquello […]

Imégen: Marc Chagall – «Quai de Bercy», Litografia, detalle. Separación estructural y funcional de competencias de órganos en las sociedades anónimas: El Fallo II ZR 221/22 del BGH alemán y su comparativa con el sistema peruano Introducción El Bundesgerichtshof (BGH), Tribunal Federal de Justicia Alemán, emitió la Sentencia II ZR 221/22, del 17 de septiembre de 2024, sobre competencia orgánica societaria, validez de acuerdos societarios y límites en la representación, donde reafirma criterios esenciales que asumo de particular interés. Vale la pena anotar que dicho caso se resolvió en base a la AktG (Ley de Sociedades por Acciones Alemana[1]), y el muy comentado BGB (Código Civil Alemán). Recordemos que al igual que en nuestra jurisdicción, el sistema alemán es el de civil law, y por ende, el juicio de responsabilidad civil de un gestor societario es similar al que usamos de en el derecho civil ordinario para obligaciones en general[2], a lo que hay que sumar que, como lo hace nuestra LGS para las S.A., la AktG establece un estándar de actuación o modelo de conducta del comerciante (a mi juicio, el mismo, “ordenado comerciante y representante leal”, conforme los arts. 171 y 190, LGS y, art. 93 de la AktG, respectivamente) lo que es más que relevante al momento de analizar un caso de este tipo, una cuestión que en nuestro país se ha pasado por alto de manera consistente[3]. El caso La sentencia aborda la validez de un acuerdo adoptado por una Junta General de Accionistas (Hauptversammlung) que designaba a un representante especial[4] encargado de reclamar, vía impugnación, dividendos que supuestamente habían sido distribuidos indebidamente. La controversia gira en torno a dos cuestiones: Si el acuerdo de la Junta para reclamar contra accionistas por dividendos ilícitos vulnera la normativa aplicable (§ 62 Abs. 1 Satz 1 AktG y § 20 Abs. 1 AktG). Si la designación del representante especial puede ser anulada por defectos en su nombramiento, aplicando los principios sobre «nombramientos defectuosos de un órgano» (fehlerhafte Organbestellung). El acuerdo resultaba discutible ya que parece dejar entrever una distribución ilegal de dividendos y la  invasión de competencias entre órganos corporativos, dado que: (i) Para la cuestión sobre que los accionistas que aprobaron el reparto indebido de dividendos, se verifican los mismos que participan en la decisión de nombrar al representante especial, lo que genera dudas razonables sobre si la decisión obedecía realmente al interés social o a un intento de blindaje de quienes participaron en la distribución indebida y, (ii) respecto a la Invasión de competencias del Consejo de Administración, la gestión y representación diaria de la sociedad, incluidas las reclamaciones por dividendos indebidos, resulta competencia del Consejo de Administración (§ 76 AktG); además que en teoría la Junta General no puede intervenir directamente en ello, salvo en casos excepcionales previstos en el AktG; por lo que existía una falta de justificación del nombramiento del representante, ya que no se demostró que el Consejo de Administración estuviera incapacitado o tuviera un conflicto para gestionar el reclamo directamente y al tiempo de aquel. Sin esta justificación, el nombramiento del representante especial no resultaba válido. En tal sentido, sobre la Validez del acuerdo societario, el BGH declaró que los acuerdos de la Junta General que incluyen reclamaciones contra accionistas por dividendos distribuidos ilícitamente son nulos si exceden las competencias legales de este órgano, al autorizar acciones que correspondían al Consejo de Administración bajo el § 76 Abs. 1 AktG. La base normativa aplicable excluye a la Junta General de decisiones operativas o administrativas que corresponden al Consejo de Administración (Vorstand).[5] Hay que recordar lo que señala la ley alemana, donde el § 76 Abs. 1 AktG establece que el Consejo de Administración (Vorstand) debe dirigir la sociedad bajo su propia responsabilidad. La interpretación jurídica y doctrinal de esta disposición implica que la gestión operativa y administrativa de la sociedad recae en el Vorstand, excluyendo a la Junta General de Accionistas de estas decisiones. Esta noción se basa en la estructura de gobierno corporativo establecida por el AktG, que asigna competencias específicas a cada órgano de la sociedad para garantizar una separación clara de funciones y responsabilidades[6]. En realidad, salvo casos muy excepcionales, esa es una idea fundamental alrededor de la construcción de las sociedades, y como no, de otras personas jurídicas. Todas ellas se rigen por un Principio de Especialidad que justifica la promulgación de leyes ad hoc que regulan los contornos de cada una, entre ellos, su fundación, su estructura, capacidad, y campo de competencia funcional de los órganos, que responden a su vez a la menor o mayor complejidad del contexto, y que, sin desnaturalizar al ente, permiten asimismo que se ejerza la autonomía privada para autoorganizar en lo que pueda y sea pertinente al mismo. Como ya lo he repetido muchas veces, es extraño encontrar una ley general de corporaciones que permita moldearlas a criterio de cada uno. Así, se deduce que (i) existe un órgano funcional ya designado para la gestión del día a día, donde el Consejo de Administración tiene el mandato para dirigir y representar la sociedad en su operativa diaria, y esto incluye todas las decisiones administrativas y estratégicas necesarias para cumplir con el objeto social de la sociedad; (ii) hay Separación de competencias, pues la Junta General no puede asumir funciones que corresponden al Consejo de Administración. Su rol está limitado a cuestiones expresamente enumeradas en la ley, como la aprobación de las cuentas anuales, la distribución de dividendos, entre otros. Este principio protege la independencia del Vorstand y asegura que las decisiones operativas sean tomadas por un órgano profesionalizado (de ahí la importancia de los modelos de obrar), alejado de los intereses particulares de los accionistas. La invasión de competencias no solo afecta los intereses internos de la sociedad, sino también el orden público, justificando la nulidad del acuerdo en virtud del § 241 Nr. 3 AktG. Principios sobre representación defectuosa: El tribunal reafirmó que los principios sobre órganos defectuosamente designados (fehlerhafte Organbestellung) son aplicables al representante especial, cuyo nombramiento […]

Imágen: Bill Evans, detalle, (You´re gonna hear from me) Crítica al precedente registral que atribuye al gerente adjunto la facultad de convocatoria (Res. 112-2025-SUNARP/PT) Mediante la Res. N.º 112-2025-SUNARP/PT publicada hoy 21.05.25, el Tribunal Registral ha impuesto como precedente de observancia obligatoria (POO) que, “el subgerente o el gerente adjunto de una sociedad comercial de responsabilidad limitada o de una sociedad anónima cerrada sin directorio se encuentran facultados para convocar a Junta General, salvo que el estatuto expresamente lo prohíba”. Esto puede parecer inofensivo, pero no lo es, sino que menoscaba nuevamente sobre la autonomía privada, regula de manera sustantiva e impone cargas no reguladas a las sociedades, más aún, las pequeñas y medianas, y como resumo a continuación, vulnera diversos principios estructurales del derecho societario, y excede la competencia del tribunal registral: El Tribunal pasa por alto la existencia de la convocatoria judicial (Art. 119, LGS) El mecanismo legal de convocatoria judicial está expresamente previsto para los supuestos en que los órganos competentes no convocan debidamente o se presenta una situación de bloqueo interno. Esto no solo constituye un mecanismo subsidiario legítimo, sino que desautoriza la idea de que cualquier cargo secundario pueda asumir la convocatoria por defecto. 👉 La resolución no articula el criterio con este remedio legal preexistente, lo cual debilita su coherencia sistemática. 🔹 2. No hay convención estatutaria expresa que lo habilite La ausencia de previsión estatutaria específica es clave. El Tribunal afirma que el gerente adjunto o subgerente pueden convocar salvo prohibición expresa, pero esto subvierte el principio de tipicidad y autonomía estatutaria: en materia de facultades de representación y convocatoria, rige la regla inversa: la habilitación debe ser expresa, no la prohibición. 👉 El criterio del Tribunal invierte la lógica de autonomía privada, otorgando facultades no reconocidas por la ley ni conferidas por el pacto social. 🔹 3. Asigna Responsabilidad Civil sin base normativa explícita Si se otorga al gerente adjunto la facultad de convocar por defecto, ello implica que también se le atribuye responsabilidad por omisión si no lo hace cuando corresponde (p.ej., cuando el gerente general guarda silencio). Pero: No hay en la ley ninguna previsión que le imponga ese deber. Sería irrazonable exigirle conocimiento de precedentes registrales sin haber sido expresamente habilitado. 👉 Esto introduce una carga implícita desproporcionada y riesgos de responsabilidad civil ex lege sin base legal expresa. 🔹 4. El símil con los directores suplentes carece de sustento legal y funcional El Tribunal parece extender, por analogía, el régimen de los directores alternos en la sociedad anónima, pero: Ese régimen está expresamente regulado por la Ley General de Sociedades, art. 156. Tiene como fundamento una decisión estatutaria expresa, no una presunción legal. Su existencia obedece a una práctica mercantil consolidada, incluso en entidades sin fines de lucro. 👉 El símil carece de sustento normativo y confunde estructuras legales distintas, además de proyectar un modelo S.A. sobre SRL o SAC sin equivalencia funcional. 🔹 5. Imposición de costos ocultos a los socios El precedente genera un efecto práctico: si los socios no prohíben expresamente en el estatuto que el gerente adjunto pueda convocar, se presume que puede hacerlo. Esto traslada la carga a los socios, obligándolos a prever y regular escenarios que la ley no exige. Además, impone indirectamente la obligación de conocer precedentes registrales administrativos para operar con seguridad jurídica, lo cual contradice el principio de transparencia y previsibilidad societaria. 👉 Se impone un régimen presuntivo sin sustento en ley y sin advertir sus consecuencias organizativas o patrimoniales. 🔹 6. El Tribunal no evalúa los efectos estructurales ni las consecuencias patrimoniales de su criterio Finalmente, el Tribunal no razona sobre las externalidades negativas de su decisión: Posibilidad de convocatorias inválidas que generen nulidad de acuerdos. Inseguridad jurídica en los registros. Incertidumbre para terceros y para el propio subgerente o adjunto sobre el alcance de su actuación. Posible responsabilidad civil societaria o incluso administrativa por acuerdos adoptados en juntas convocadas sin habilitación expresa. 👉 Desde el enfoque patrimonial y funcional del derecho societario, esta omisión es grave, pues toda norma que impacta en la estructura del poder interno debe considerar su impacto operativo, económico y organizativo. 🔹7. Vulneración del principio de legalidad y de certeza registral El precedente infringe el principio de legalidad registral (art. V del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos), al admitir inscripciones fundadas en facultades no previstas ni en la Ley General de Sociedades ni en el estatuto, construidas únicamente sobre una presunción administrativa derivada de una norma de carácter adjetivo (el Reglamento de Registro de Sociedades, RRS) que pretende imponerse sobre una norma de carácter sustantivo (la LGS). Esto afecta directamente el principio de certeza registral, en tanto la inscripción de acuerdos sociales adoptados bajo convocatorias formalmente irregulares pone en duda la validez misma de los actos inscribibles posteriores (designaciones, aumentos de capital, reformas estatutarias, entre otros). Aunque el principio de certeza registral no aparece enunciado de forma autónoma en el RGGRP, se construye funcionalmente sobre la combinación entre legalidad, legitimación y publicidad registral. No se encuentra en un artículo específico, pero se deriva directamente del art. VI (principio de legitimación) y de su operatividad práctica. El principio de legalidad implica que el registrador debe verificar que se cumplan todos los presupuestos legales y estatutarios del acto inscribible, a la luz del ordenamiento jurídico sustantivo vigente. Ese control de legalidad no puede fundarse en criterios interpretativos o constructivos de carácter administrativo, sino que requiere fundamento en normas sustantivas válidas que atribuyan capacidad y legitimidad al otorgante del acto jurídico y a los órganos que lo producen. En consecuencia, los reglamentos emitidos por la administración pública —de naturaleza adjetiva— solo sirven como instrumento de calificación formal, pero no pueden alterar el contenido sustantivo de los derechos o facultades previstos en la ley o en el estatuto social. Subvertir esta jerarquía no solo constituye una infracción al principio de legalidad, sino que implica además una extralimitación competencial por parte del propio Tribunal Registral, al convertir una regla secundaria en fuente de atribución […]